Andrés Manuel López Obrador se encuentra ya sujeto a proceso penal, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales que en su artículo cuarto señala que "los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal".

Lo anterior se establece en un documento en poder de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuya copia posee EL UNIVERSAL.

En ese análisis jurídico elaborado por asesores de la Mesa Directiva se agrega que en el artículo primero del Código se señala que el procedimiento de preinstrucción es en el que se realizan las actuaciones judiciales para determinar los hechos que se imputan a un acusado en el proceso que se le sigue.

Por ello, el análisis encargado por algunos diputados concluye que López Obrador no puede seguir siendo jefe de Gobierno, puesto que ya inició el proceso penal.

Cabe recordar que el dictamen de desafuero de López Obrador aprobado el jueves por el pleno de la Cámara de Diputados contiene en los considerandos la referencia al artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que indica que queda separado del cargo al momento del desafuero; aunque en la declaratoria final cita el artículo 111 de la Constitución que establece lo mismo, pero condicionado al inicio del proceso penal.

En el análisis jurídico se precisa que el Código Federal de Procedimientos Penales define también el procedimiento de instrucción, "que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste".

El coordinador de los diputados federales del PAN, José González Morfín, indicó que "en términos del 28 de la ley reglamentaria que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la pérdida del cargo es una consecuencia del desafuero y dice inmediatamente, pero bueno, finalmente también qué bueno que la Corte se va a pronunciar por esto".

Por su parte, Eduardo Espinoza (PRD) señaló que hasta el momento "no ha habido ninguna acción de ningún órgano jurisdiccional del Estado mexicano que le diga a la Asamblea del Distrito Federal que no hay un jefe de Gobierno".

Según el legislador del Partido de la Revolución Democrática tendrían que haberle notificado a la Asamblea para que ésta hubiese, en su momento, definido la acción a que tienen obligación: de proveer a la ciudad de México de una autoridad".

El coordinador parlamentario del PRD, Pablo Gómez Álvarez, comentó que el desafuero de López Obrador se dio por "consigna política que se traduce en un acto político con el propósito de buscar un proceso penal inhabilitador de derechos ciudadanos. No es un asunto de aplicación de la justicia, sino de torcedura de la justicia". (Sergio Javier Jiménez)