Los resolutivos del dictamen aprobado son: Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado con el 215 del Código Penal Federal y su probable responsabilidad.

Segundo. En términos del párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador queda separado del encargo de jefe del Gobierno del Distrito Federal en tanto esté sujeto a proceso penal y en consecuencia a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Tercero. Las determinaciones contenidas en la presente Declaratoria de ninguna manera prejuzgan respecto a la existencia del delito y la probable responsabilidad penal de Andrés Manuel López Obrador, por lo que quedan intocadas las facultades legales del Ministerio Público de la Federación y las autoridades jurisdiccionales, para que en ejercicio de sus funciones, realicen las actuaciones que consideran pertinentes.

Los diputados de PRD, PT, Convergencia, 11 del PRI, uno del PAN, y ocho del PVEM (los otro ocho votaron a favor) sumaron 127 votos en contra del dictamen de la Sección Instructora. Y hubo dos abstenciones, una del PRI y otra de la diputada independiente Tatiana Clouthier.

La sesión inició a las 10:15 con la lectura de los resúmenes del dictamen de desafuero y del voto particular del perredista Horacio Duarte; después el subprocurador Carlos Vega presentó los argumentos a favor del desafuero, y López Obrador su defensa.

Cuando el representante del Ministerio Público y el jefe de Gobierno capitalino abandonaron el salón de plenos, inició el debate sobre el desafuero. Durante más de cuatro horas hablaron seis diputados a favor y seis en contra.

Juan de Dios Castro (PAN), que se pronunció a favor del desafuero, dijo que "los grandes delitos están motivados o por pasión o por dinero, aquí era dinero, para no pagar los daños y perjuicios no acató la suspensión nueve meses".

Esto, dijo, porque Servicios Metropolitanos (Servimet), una empresa del gobierno de la ciudad de México, había sido condenada a pagar una indemnización al hospital ABC y al banco Santander por 37 millones de dólares.

Pablo Gómez (PRD), quien argumentó en contra, dijo que como consecuencia de la "aventura y la ceguera política", al aprobar el desafuero, "se levantará un movimiento civil democrático, pacífico, ciudadano para restablecer el pacto de que sean las urnas las que hablen en el marco del respeto a la libertad política de todos los ciudadanos".

El diputado priísta Jorge Uscanga Escobar dijo que se ha dicho que se pretende descalificar a un adversario político por medio de argucias jurídicas; pero aclaró que la acusación es infundada y, además, motivada sólo por intereses políticos.

Añadió que se emprendió una estrategia contra la Suprema Corte de Justicia a la que se acusa de colusión con la Presidencia.

Jorge Romero (PRI) aseguró que los diputados no pretenden erigirse en jueces, "no estamos prejuzgando sobre la culpabilidad del jefe de Gobierno... que sea precisamente el Poder Judicial de la Federación el que resuelva, que el fuero de un servidor público no sea coraza de impunidad".

Óscar González Yáñez (PT), quien votó en contra del desafuero, dijo que el Jurado de Procedencia es una gran farsa, "donde quienes dicen defender el estado de derecho son los primeros en violarlo. Estamos ante un clarísimo caso de justicia selectiva". El desafuero, agregó, es una declaración de guerra para la democracia.

Roberto Campa Cifrián (PRI) dijo que su voto en contra fue porque el juicio de desafuero "tiene una razón y una motivación política, que se utiliza la ley para eliminar a un adversario, que se finge la legalidad, que su juridicidad es apenas un ropaje".