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Criterio de tribunal federal complica más caso AMLO

Miércoles 30 de marzo de 2005 Carlos Avilés | El Universal

Los caminos legales se le siguen cerrando al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador.

Un tribunal federal emitió un criterio que señala que los jueces tienen la obligación de reportarle al Instituto Federal Electoral (IFE) la suspensión de los derechos políticos de las personas que son sometidas a un juicio penal, aun cuando la Procuraduría decida no solicitarle que lo haga.

Dicha decisión cierra la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) procese penalmente a López Obrador sin pedir que se le cancelen sus derechos políticos durante el juicio.

El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en la ciudad de México, estableció una tesis en la que señala que los jueces tanto federales como locales tienen la obligación de notificarle al IFE la suspensión de los derechos políticos de las personas que son sometidas a un juicio penal, para cumplir lo que establece la Constitución sobre este rubro.

La decisión que emitió dicho tribunal se convirtió en una jurisprudencia obligatoria exclusivamente para todos los jueces del DF.

Los magistrados que integran este tribunal federal llegaron a la conclusión de que los jueces tienen que notificarle al IFE cada que suspendan los derechos políticos de una persona, sin importar si la procuraduría, federal o local, a cargo del caso se los pide o no.

Normalmente las procuradurías tienen la obligación, a través de sus agentes del ministerio público, de solicitarle a los jueces que a las personas que acusan de un delito se les suspendan sus derechos políticos.

Pero, conforme al criterio que adoptó el tribunal colegiado en cuestión, si en algún momento el ministerio público omite pedirle al juez que suspenda tales derechos del acusado, el juez, por iniciativa propia, debe ordenar su suspensión ante el IFE.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación sugirió a Andrés Manuel López Obrador que tramite un amparo que le permita en libertad llevar su defensa en el caso de El Encino, si se da el dictamen de la Sección Instructora que señale su desafuero.

El juicio, señaló el subsecretario de Gobierno, Felipe González, llevaría tanto tiempo como pueden consumirlo una primera y segunda instancias, ante el Poder Judicial federal, y por supuesto que un amparo permitiría que el asunto legal no se contamine. (Con información de Juan Arvizu)



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