Puebla, Pue.- El dictamen de Código de Ética Partidaria que será discutido a partir de hoy en la 19 Asamblea Nacional del PRI impone a quienes serán candidatos incluido el presidencial candados para llevar a cabo sus campañas políticas y no emplear guerra sucia contra sus adversarios. Además, refiere que en las contiendas internas deberá elevarse el nivel de los debates.
En el documento que se encuentra en poder de EL UNIVERSAL se establece que "los precandidatos y candidatos en las contiendas electorales deben siempre elevar el debate, manejándolo racionalmente, sin argumentos que puedan inducir a engaños ni a confusión, sin basarse en la descalificación del oponente, y en la fase final del proceso defender su victoria con energía y con estricto apego a la legalidad o aceptar su derrota cuando el resultado le ha sido adverso legalmente".
Además, el dictamen plantea que "se exige a los militantes, cuadros y dirigentes, así como a los candidatos a cargos de elección popular y de dirigencia partidista, y a quienes resulten electos o desempeñen una función de administración pública, en términos de este Código de Ética Partidaria, la estricta observancia de la ley, la preservación de los bienes encomendados a su cuidado, la eficiencia en su función y respeto a los altos intereses de nuestro país".
Se exige, en todo caso, precisa el texto, "probidad en sus actos".
La inobservancia de estas disposiciones, añade, acarreará la responsabilidad y sanciones a que haya lugar.
Normas
El dictamen, que será discutido en Atlixco, en la mesa coordinada por la senadora Martha Tamayo, también establece normas para impedir que alguien desde la cárcel, una vez sentenciado, pueda ser candidato.
"Ninguna instancia del partido podrá proponer o designar a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente, por disposición de la ley o por los estatutos del partido, para ocupar un cargo de elección popular o comisión en el servicio administrativo."
Originalmente, el dictamen contemplaba reformas que impactaban en los estatutos del PRI, pero no tuvieron el consenso.
Así, propuestas como la creación de la fiscalía partidaria como un órgano de apoyo, cuyo titular sería electo por el Consejo Político Nacional y que sería la encargada de realizar las investigaciones de la posible violación al Código de Ética Partidaria, no pasaron.
También se proponía la creación de la comisión nacional por una cultura de valores.
