Phoenix , Arizona. El gobierno mexicano puede hacer las gestiones diplomáticas que considere pertinentes ante Washington en contra de la aplicación de la Propuesta 200, pero la Procuraduría Justicia del estado va a aplicar su contenido, porque es un mandato de los votantes. "La (ley) 200 es consistente con las leyes federales. No hay inconsistencias con las leyes federales (en materia de asistencia social a los residentes en Estados Unidos)", consideró la subprocuradora Mary O`Grady.
Las autoridades de Arizona consideran que la aplicación de la Propuesta 200, que limita algunos servicios de asistencia social a las personas que no comprueben su estancia migratoria legal, no debe emplearse con fines de discriminación, consideró la funcionaria estatal.
Durante un encuentro con periodistas mexicanos, explicó que los empleados estatales reciben toda la información para la correcta puesta en marcha de la propuesta: "Todos los funcionarios que reciban una solicitud de asistencia deben informar el estatuto migratorio de las personas, para posteriormente avisar a la oficina (federal) de migración".
La entrada en vigor de la Propuesta 200 ha puesto en alerta a las organizaciones no gubernamentales, como Friendly House, que interpuso un recurso de apelación ante la Novena Corte con la asistencia legal de los abogados del poderoso grupo hispano Maldef. Hay otro recurso legal federal de los creadores de la propuesta, Protect Arizona Now (Protege Arizona Ahora), para que se continúe la aplicación.
El contenido ha sido cuestionado en México, porque se considera que afectaría a unos 300 mil mexicanos indocumentados que viven en Arizona. La propuesta limita los servicios de asistencia (Welfare) a los menores, a las madres abandonadas, a las mujeres que pierden el empleo y a los adultos mayores.
La propuesta no afecta los servicios federales de educación y de emergencia hospitalaria. Sin embargo, la desinformación ha golpeado a los migrantes de origen mexicano y muchos de ellos han sacado a sus hijos de la escuela para evitar que sean objeto de persecución por su situación migratoria, explicó Aldo Castañeda, representante del departamento de migración de Friendly House.
Luis Ibarra, presidente de Friendly House, opinó que esta propuesta se aplicará con discriminación, porque los funcionarios del gobierno estatal van a pedir documentos migratorios a los "morenos y no a los güeros". Definitivamente "es una mala ley que la gente no entendió cuando emitió su voto. Hubo latinos que votaron a favor de ella", lamentó.
Sin embargo, la Procuraduría de Justicia local desestima la posibilidad de tratos discriminatorios bajo el argumento de que los empleados tendrán la obligación de pedir el estatuto migratorio a todas y cada una de las personas que soliciten algún servicio de asistencia estatal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores analiza la posibilidad de presentar una nota diplomática ante Washington por el contenido de la Propuesta 200, ¿tienen alguna opinión? se le preguntó a la subprocuradora O`Grady y a la vocera de la Procuraduría, Andrea Esquer.
No podemos hacer comentarios sobre lo que piensa hacer México o lo que haga o no haga, tenemos que continuar ejecutándola y defender el estatuto como una ley respondió Esquer.
