La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su rechazo a la Propuesta 200 de Arizona, la que niega el acceso de los indocumentados a los servicios de los programas de asistencia pública en ese estado. El subsecretario para América del Norte, Gerónimo Gutiérrez, dijo que la cancillería continuará defendiendo por los medios que estén a su alcance los derechos de los connacionales mexicanos.
Respecto al llamado que hiciera al gobierno de México la Comisión Nacional de Derechos Humanos en referencia a expresar mayor inconformidad ante esta propuesta, Gerónimo Gutiérrez dijo que se respetan y se toman con seriedad las opiniones del organismo nacional y que coinciden con los objetivos en la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos.
"Enviaremos oportunamente a la comisión la información que haya hecho público esta secretaría respecto al particular, asimismo toda la información sobre las acciones que se han estado tomando por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores".
Gutiérrez Hernández dijo que desde que se conoció esta propuesta la cancillería giró instrucciones a los consulados para que se informe oportunamente a la comunidad mexicana de los alcances de esta medida.
El 22 de diciembre pasado, entró en vigor la llamada Propuesta 200 que fuera aprobada en un referéndum realizado en el marco de las elecciones generales de Estados Unidos el 2 de noviembre pasado.
Con la entrada en vigor de la reforma, el gobierno del estado de Arizona solicitó a todas las personas comprobar que su calidad migratoria la hace elegible para recibir ciertos beneficios de programas de asistencia social, estatal y local, en los que no intervengan recursos federales.
El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef por sus siglas en Inglés) solicitó el primero de diciembre pasado la suspensión temporal de la entrada en vigor de la Propuesta 200, pero el Juez Federal del Distrito de Arizona David C. Bury levantó la suspensión el pasado 22 de diciembre.
Asimismo, MALDEF inició un proceso para impugnar la legalidad de la medida y actualmente continúa en curso.