"Vamos a exigirle al gobierno del presidente Bush que honre su palabra dada en el Rancho San Cristóbal, Guanajuato, cuando nos dijo que iban ellos por un acuerdo de carácter migratorio que permitiera regularizar la documentación de quienes trabajan sin documentos y que por ello sus derechos humanos y laborales están en riesgo. Seguiremos insistiendo, nos quedan dos años en esta administración y esperemos que antes lleguemos a un acuerdo", sostuvo Creel.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que el gobierno de México no puede intervenir en asuntos internos de Arizona, donde entró en vigor desde el pasado 22 de diciembre la Propuesta 200 que niega el acceso a los indocumentados a los servicios y programas de asistencia pública.

Sin embargo, la SRE coincidió con las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los migrantes, como el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación.

Al reunirse con diversas organizaciones migrantes en esta entidad, Creel Miranda escuchó demandas y reclamos en torno de la falta de recursos para programas, como Paisano, pero también le desearon suerte como candidato presidencial en el 2006. El funcionario sólo se sonrojó y sonrió.