El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) clasificó como reservada por 12 años la totalidad del expediente que documentaría las supuestas actividades injerencistas de funcionarios de la embajada cubana en asuntos de política interna.

El gobierno del presidente Vicente Fox expulsó el 2 de mayo al embajador Bolaños y a su consejero político, Orlando Silva Fors, a quien declaró además persona non grata . Al mismo tiempo, retiró a la embajadora de México en Cuba, Roberta Lajous.

Todo ello fue en respuesta a las críticas del presidente de Cuba, Fidel Castro, a la política exterior de México, el 1 de mayo; así como a las declaraciones de la cancillería cubana respecto a las circunstancias en que deportó al empresario Carlos Ahumada, y a las actividades que realizaron funcionarios de ese país y del Partido Comunista Cubano en territorio mexicano, y que fueron considerados por el gobierno mexicano como injerencistas.

EL UNIVERSAL solicitó, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tener acceso a los informes sobre las actividades en México del embajador Bolaños, y a los documentos que demuestran las actividades del consejero Orlando Silva, y que el secretario de Gobernación, Santiago Creel calificó como inaceptables, y fuera del marco institucional y de los tratados entre México y Cuba.

También se solicitó acceso a los informes sobre las actividades en México de José Antonio Arbesú Fraga, jefe del departamento de América del Comité Central del Partido Comunista Cubano, y de Pedro Miguel Lobaina Jiménez de Castro, jefe de la sección México de ese departamento.

El mismo Creel dijo públicamente que la información detallada había sido clasificada como reservada.

Dañaría arreglo con Cuba

Al responder la solicitud de este diario, el Cisen argumentó que la revelación del expediente no sólo podría dañar la seguridad nacional, sino también pondría en peligro el arreglo de la relación diplomática con Cuba, además de comprometer la seguridad de personal que realiza tareas de inteligencia.

El CISEN dijo estar obligado a evitar que se anulen las acciones de prevención o defensa del Estado mexicano "frente a la intención de injerencia de otros estados, ya que el conocimiento público de la información requerida podría afectar las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas que existían antes del 2 de mayo".

También afirmó que su negativa respondía a "la exigencia de preservar la efectividad de las actividades de contrainteligencia, para proteger a las instituciones nacionales de intereses externos, que pretendan manipular información en beneficio de regímenes extranjeros".

Además, expuso que, "dispensar el documento requerido, provocaría un deterioro de la relación entre México y Cuba, postergando tanto el arreglo directo del actual diferendo como el retorno al uso de las vías diplomáticas para la conducción de los contactos entre gobiernos".

Dijo que el documento solicitado tiene información que permitiría identificar a fuentes y procedimientos de recolección de información, y se pondría en riesgo su seguridad e integridad personal y la de sus familiares.

?Se echan la bolita?

La misma solicitud de información se hizo a la Presidencia de la República, a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, además del Instituto Nacional de Migración, quienes se deslindaron del tema diciendo que no era de su competencia.

Sin embargo, remitieron al solicitante a otras dependencias, entre ellas mismas. Sólo Gobernación dijo que el caso correspondía atenderlo al Cisen.

El Instituto Nacional de Migración, en cambio, ignoró además la solicitud de acceso a los documentos que demuestran el ingreso a México de los funcionarios cubanos, Arbesú y Lobaina, pese a que el mismo secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, exhibió en conferencia de prensa en Palacio Nacional las formas migratorias.