Como una puerta falsa calificó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, la exigencia ciudadana de incrementar las penas a delincuentes, planteada durante la marcha contra la inseguridad.

El ombudsman capitalino consideró la movilización como un signo positivo de la democracia pero se pronunció contra lo que dijo fueron expresiones con un fuerte contenido autoritario.

Entrevistado en el recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señaló que la autoridad está obligada a buscar respuestas para la sociedad: "Hay un grito legítimo que hay que atender y si no se da ahora, la gente va a volver, ya se está descubriendo con mucha fuerza el poder de la participación ciudadana".

Mencionó que las instituciones se encuentran en deuda con las víctimas y es muy importante que se procesen este tipo de llamados. Confió en que se den respuestas a la brevedad ante las exigencias y dijo que se puede empezar con acciones muy puntuales desde las agencias del ministerio público.

En ese sentido, detalló que se debe tratar con más sensibilidad a las víctimas, hacer esperar menos a la gente y dar un trato más solidario y humano a quienes sufrieron en carne propia un delito: "Hay una parte que no sólo es de leyes y de grandes presupuestos, es un asunto de actitud".

Además consideró necesario mejorar la eficacia en el combate al delito porque la demostración ciudadana del domingo es "un llamado muy fuerte y nada conviene no atenderlo".

En términos de civilidad y participación ciudadana, la marcha tiene un signo muy positivo porque la sociedad salió a las calles de manera pacífica y ordenada, dijo.

Álvarez Icaza comprometió a la CDHDF a seguir trabajando para responder en mejores términos a las demandas de la población.

Agregó que incrementar las penas no generará más justicia ya que el tema sustantivo es la eficacia en la procuración de administración e impartición de justicia.

Al referirse a las voces que acusan a la CDHDF de defender los derechos de delincuentes, comentó que "vienen de algunos funcionarios que por incapacidad, complicidad o corrupción echan la pelota".

Aclaró que las comisiones de Derechos Humanos son aliadas de las víctimas del delito y que ocho de cada 10 quejas que se presentan en el caso de la Procuraduría del DF son de quienes fueron primero víctimas de un delito y luego de violación a sus derechos al no encontrar respuesta de la autoridad.