La resolución de la Procuraduría General de la República busca inhabilitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como posible candidato a la Presidencia en 2006, y así cancelar la posibilidad de encabezar un proyecto alternativo de nación, acusó Martí Batres Guadarrama.

El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal señaló que la PGR actuó de manera irresponsable, facciosa y arbitraria al solicitar a la Cámara de Diputados el proceso de desafuero contra el jefe de Gobierno capitalino.

Después de dar a conocer la argumentación jurídica del caso sobre el predio El Encino, denunció que Fernando Espejel Cisneros, abogado defensor del dueño del terreno ubicado en Santa Fe, forma parte del grupo de abogados que trabajan para Diego Fernández de Cevallos, por medio de Juan Miguel Alcántara Soria.

Dijo que Alcántara Soria, ex procurador de Guanajuato y ex diputado federal, se presentó en alguna ocasión con Alberto Pérez Mendoza, director general de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, para proponerle una negociación en el caso de varios predios, entre ellos, El Encino, Paraje San Juan, La Mexicana, y hasta el predio de Ramos Millán, "negociación que fue rechazada".

Además, Martí Batres señaló que el juez Álvaro Tovilla León, el que solicitó proceder contra López Obrador, es el mismo que concedió un amparo a los bancos involucrados en el Fobaproa para evitar que sean auditados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

También mencionó que Federico Escobedo Garduño, supuesto propietario de El Encino, es el mismo que el 18 de diciembre de 2002 colocó la primera piedra del Centro de Convenciones de Tijuana, con la presencia del presidente Vicente Fox.

Incluso, indicó, llama la atención que Escobedo recibió de Carlos Hank González la concesión para explotar las minas de arena del predio La Mexicana, que hasta hace algunos meses ganó el gobierno local.

"La forma como se ha conducido la PGR no sólo confirma la colusión entre autoridades judiciales y abogados influyentes, sino que expresa un claro manejo político", resaltó.

Al leer un comunicado de dos cuartillas y sin contestar preguntas, Batres Guadarrama destacó, a nombre del gobierno capitalino, que el Ministerio Público federal no debió proceder a solicitar el desafuero del jefe de Gobierno primer caso en la historia del país, porque el delito de abuso de autoridad que busca imputarle es un delito doloso, que implicaría una orden expresa de López Obrador para desobedecer intencionalmente la orden de suspensión del juez.

Por el contrario, dijo, el gobernante ordenó en su momento el acatamiento puntual de la orden suspensiva del Poder Judicial Federal. "López Obrador nunca firmó una instrucción tendiente a desobedecer, incumplir o violar la suspensión definitiva ordenada por el juez de Distrito", expuso.

Ahora, señala, se argumenta con "notable mala fe" que la PGR no tuvo otra opción que acatar la resolución del juez en el sentido de proceder contra el jefe capitalino, y por ende, solicitar su desafuero. "Esto es falso, porque si así fuera tendría que haberse hecho desde el año 2001, y no esperar hasta ahora, utilizando tiempos políticos para sus decisiones", subrayó.

Aclaró que la PGR, de manera parcial y facciosa, antes de que sentencia del juez fuera confirmada por el Tribunal, inició una averiguación previa orientada contra López Obrador desde 2001, porque supuestamente violó la suspensión ordenada por el juez.

Por la mañana, López Obrador aseguró que siente orgullo que lo hostiguen y asedien por defender los bienes de la ciudad de México. "No hay ningún problema, estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de cosas... Nada más quiero ver si hay un interés político", resaltó.

Luego sostuvo una reunión con abogados y funcionarios de su gobierno por más de tres horas para analizar a fondo este caso.

En la reunión participaron Álvaro Arceo Corcuera, coordinador de la mesa de conflictos del Distrito Federal, y Alberto Pérez Mendoza, director de Patrimonio Inmobiliario capitalino.