El subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, informó que se acreditó la probable responsabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal "en el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 206 de la Ley de Amparo".

En conferencia de prensa, Vega Memije explicó que dicho delito está considerado en el Código Federal de Procedimientos Penales como "abuso de autoridad", el cual no es estimado como grave, pero establece una pena de uno a ocho años de prisión, que pueden ser conmutados por una fianza.

El funcionario reiteró en repetidas ocasiones que la PGR decidió ejercer acción penal a solicitud de diversas instancias del Poder Judicial de la Federación.

Después de descartar que se trate de una acción con trasfondo político, el subprocurador aclaró que la PGR no hubiera intervenido en este caso, de no ser por la denuncia que presentó el juez noveno de distrito en materia administrativa, Álvaro Tovilla León, a raíz de que López Obrador violó la suspensión definitiva que giró para detener las obras de vialidad que se realizaron en el predio denominado como El Encino.

"Es en este contexto, y con el único propósito de cumplir y respetar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que el Agente del Ministerio Público de la Federación en pleno uso de su autonomía legal determinó solicitar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia penal respectivo, en virtud de que el servidor público referido goza de fuero en términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Luego del anuncio de la PGR, diputados federales consultados cuestionaron el trámite debido a que, explicaron, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece, en sus artículos 25 y 12, que la solicitud debe presentarse ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

La Ley señala que luego de la recepción de la solicitud, el Ministerio Público tiene tres días para hacer la ratificación y una vez ratificada, ésta se turna a la Sección Instructora.

Carlos Javier Vega Memije precisó que el jefe de Gobierno ya no tiene otra opción más que enfrentar el juicio penal en su contra, pues en la parte relativa al incumplimiento de la suspensión definitiva ya agotó todas las instancias del Poder Judicial de la Federación.

El subprocurador detalló que si la Cámara de Diputados le quita el fuero al jefe de Gobierno capitalino, inmediatamente será consignado ante un juez federal para que responda por el delito que se le atribuye, aunque precisó que permanecerá en libertad por tratarse de un delito que no es considerado como grave.

En caso contrario, dijo, la PGR esperará hasta que el funcionario concluya su periodo como gobernante para proceder en su contra.

Vega Memije destacó que el proceso penal que se busca iniciar en contra de López Obrador es independiente y totalmente ajeno al juicio que sigue en curso para determinar si el Gobierno del Distrito Federal paga u ordena devolver el predio expropiado de El Encino.

La historia

El 10 de noviembre de 2000, ya casi al final de su periodo, la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, expropió el predio denominado El Encino, ubicado en una zona exclusiva de San Fe, para construir las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

A raíz de esta decisión, el 4 de diciembre de 2000, la empresa Promotora Internacional Santa Fe solicita un amparo contra el decreto expropiatorio y el caso se le turnó al juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Álvaro Tovilla León.

Al inicio del proceso, el 14 de marzo de 2001, el juez le concedió una suspensión definitiva a la empresa para que el ahora jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, paralizara los trabajos de apertura de vialidades, sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino; y se abstuviera de bloquear y cancelar los accesos a dicho predio.

La medida tenía la finalidad de dejar las cosas tal como estaba hasta en tanto el juez decidiera si le concedía o no el amparo contra la expropiación a la empresa.

El gobierno capitalino apeló la decisión, pero el 30 de mayo de 2001 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratifica la determinación del juez y ordena parar la obras en esa zona.

Pero el Gobierno del DF continúa con la construcción de las vialidades.

Ante esta situación, el 30 de agosto de 2001, el juez le notifica a la PGR que López Obrador violó la suspensión definitiva concedida a la empresa y lo señala como presunto responsable de la comisión del delito de desobediencia del auto de suspensión, previsto por el artículo 206 de la Ley de Amparo y, además, al de abuso de autoridad.

En respuesta, el 23 de enero de 2002, el jefe de Gobierno del DF apela, pero el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revisa la nueva decisión y concluye que López Obrador sí violó la suspensión, al no paralizar los trabajos de apertura de las vialidades y no abstenerse de bloquear y cancelar dichos accesos.