El litigio por el predio de El Encino, ubicado en Santa Fe, que podría llevar a un juicio de procedencia para desaforar al jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por desacato de un mandato judicial, se gestó en la administración de Rosario Robles, que expropió 15 hectáreas de terreno para la ejecución de obras de vialidad. La Promotora Internacional Santa Fe inició en 2000 acciones legales para recuperar el predio, y obtuvo un amparo definitivo que obligaba al gobierno del Distrito Federal a parar las obras; sin embargo, el fallo no se acató, por lo que el Poder Judicial presentó una denuncia ante la PGR.
El 10 de noviembre de 2000 Robles Berlanga decretó la expropiación de 15 hectáreas del predio, para construir las calles Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, que a la fecha rodean la carretera México-Toluca y sólo conducen al Hospital Inglés ABC.
Las acciones legales de la Promotora Internacional Santa Fe permitieron que el 14 de marzo de 2001 Álvaro León Tobilla, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, resolviera conceder un amparo para que el gobierno de la ciudad de México retirara la maquinaria de ese predio, pero la administración de López Obrador no acató la resolución.
Por lo que el caso llegó hasta que el Séptimo Tribunal Unitario, que el 2 de agosto de 2002 ratificó la decisión del juez, pero ni esa resolución hizo que el gobierno de la ciudad cumpliera con la misma.
El Poder Judicial de la Federación presentó una denuncia ante la PGR señalando que hubo la violación a una suspensión en el juicio de amparo 862/2000, por lo que se inició la averiguación previa 1339/FESPLE/2003, en la que se decidirá si López Obrador es responsable o no de un delito, y en caso de que hubiera elementos en su contra, se solicitaría su desafuero para poder ser consignado ante un juez.
