A diez días de que concluya el plazo para solicitar la extradición de Carlos Ahumada Kurtz al gobierno de Cuba, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entregó a la PGR las copias certificadas del proceso que se sigue contra Ahumada en el Juzgado 11 penal, donde se inició un proceso por el fraude de 31 millones de pesos en agravio de la delegación Gustavo A. Madero. La dependencia investiga todavía dos averiguaciones previas contra el empresario de origen argentino, que ya no podrán ser integradas al papeleo del tratado internacional por falta de tiempo y elementos probatorios.
No obstante, la PGJDF planea desde ahora solicitar el aval del gobierno cubano para procesar a Ahumada más adelante por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y fraude genérico, este último ocurrido en las delegaciones Tláhuac y Álvaro Obregón.
La primera de estas averiguaciones se refiere al dinero entregado al legislador con licencia René Bejarano, cuyas imágenes videograbadas en oficinas del Grupo Quart se difundieron en televisión abierta a principios del mes pasado.
La segunda indagatoria se sigue por obras no realizadas en Tláhuac y Álvaro Obregón, que hasta el momento suman un presunto fraude de 35 millones de pesos.
Sobre la solicitud de extradición, ahora toca a la PGR y a la Cancillería realizar el trámite con el gobierno cubano, para que inicie el proceso que traería a Carlos Ahumada de regreso al país, para responder únicamente por el fraude de 31 millones de pesos en GAM.
Cabe precisar que la PGJDF envió seis tomos con copias certificadas sobre el pliego de consignación, la orden de aprehensión y la causa penal que se sigue contra Ahumada.
Los pendientes
A principios de semana, el juez 50 Penal con sede en el Reclusorio Oriente, José Eligio Rodríguez, negó a la Procuraduría capitalina lo que hubiera sido la segunda orden de aprehensión contra Ahumada por el uso de recursos de procedencia ilícita.
La otra indagatoria está en proceso y se basa en la denuncia que hizo la Contraloría del DF sobre obras pagadas en exceso y no concluidas en Tláhuac por 35 millones de pesos.
