La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales recomienda el establecimiento de gravámenes locales que midan los esfuerzos que realicen los estados en la materia. En el "Diagnóstico general y por tema pertinentes: colaboración y coordinación intergubernamental" señala que de esa forma se impulsaría a los estados a incrementar la recaudación de contribuciones federales, además de promover el fortalecimiento de sus finanzas.
Considera que se deben buscar reformas estructurales en los sistemas de distribución de participaciones.
Ello, señala, para implantar sistemas dinámicos que influyan en la búsqueda de mecanismos que rompan la denominada suma cero, que equilibren los principios redistributivo y resarcitorio que sustentan al sistema.
"A pesar de la estabilidad de los flujos de ingresos para los estados y municipios, el sistema de participaciones ha contribuido en acentuar la dependencia financiera de los gobiernos locales sobre los recursos federales", indica.
Argumenta que el efecto distributivo de su principal fondo no cuenta con incentivos apropiados para incrementar las participaciones de los estados con mayores bases fiscales en los impuestos federales.
La fórmula de distribución de los recursos, enfatiza, no necesariamente refleja con precisión el esfuerzo fiscal y la situación económica en general.
La comisión técnica advierte que los incentivos económicos por colaboración administrativa resultan poco relevantes y representativos para los estados, respecto a los ingresos propios o por participaciones, ya que a través del tiempo, el peso relativo entre los incentivos económicos y las participaciones ha aumentado muy poco.
Desde la perspectiva de los funcionarios fiscales y de Hacienda, resultaría de gran beneficio que se integraran sus montos en el Presupuesto de Egresos el gasto federal reasignado, así como que se conocieran con anticipación a los procesos presupuestales de los estados, las características y reglas de operación.
En el diagnóstico del tema "Modernización y simplificación de la administración hacendaria", expone que en la administración del patrimonio municipal existen problemas como la deficiente reglamentación y normatividad para el uso, aprovechamiento, control y resguardo de bienes.
Además, presentan ausencia de sistemas de administración de bienes; desconocimiento de la totalidad de bienes inmuebles propiedad de los ayuntamientos unido a la falta de regularización de su situación jurídica; falta de coordinación entre las áreas relacionadas con el registro y control.
En el tema de "Patrimonio", la Comisión Técnica señala que se observa una tendencia en los gobiernos federal, estatales y municipales de emitir instrumentos de deuda para financiar situaciones de déficit en sus cuentas públicas, lo que les permite sufragar gastos que resulten superiores a sus ingresos ordinarios.
"La utilización del patrimonio público desempeña un papel relevante en las finanzas gubernamentales, fundamentalmente por lo que se refiere al control y registro eficiente de éste para la generación de ingresos que fortalezcan la capacidad de gasto", explica.
Por tanto, agrega, el sector público está inmerso en la inercia de acudir a calificadores de reconocimiento internacional para obtener opiniones independientes sobre su situación financiera y capacidad de crédito.
"Es conveniente unificar los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno en los sistemas de administración patrimonial", concluye.