Los gastos totales de los ámbitos de gobierno en México a mediano plazo representarán serios problemas de sustentabilidad, advierten la Secretaría de Hacienda y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. En el "Diagnóstico General y por Temas Pertinentes: Gasto Público", la Comisión Técnica de la Convención Nacional Hacendaria (CNH) señala que los estados no tienen solvencia económica para enfrentar el déficit generado por los procesos de descentralización de la educación y salud que año con año se está incrementando.
Además, enfatiza, la transferencia de recursos por parte de la Federación carece de transparencia.
Señala la necesidad de reducir la tendencia al alza del gasto y por otra la urgencia de incrementar el ingreso.
El documento expone que del gasto neto total del gobierno federal, sólo 6 por ciento es susceptible de reasignación hacia otros programas, ya que el resto tiene carácter de irreductible o está sujeto a diversas disposiciones jurídico normativas.
"El gasto público se concentra en el ámbito federal, aun por encima de los promedios que muestran los países de la OCDE, pero menor a lo que ocurre en los países de América Latina", remarca.
En cuanto a los municipios, expone que muestran porcentajes de distribución del gasto total nacional, muy por debajo de lo que ocurre en los países de la OCDE, pero por encima de los países latinoamericanos.
Hace énfasis en que el grado de autonomía del gasto público de los ámbitos subnacionales debe crecer con su correspondiente reforma en la gestión del gasto público, que contemple mayor eficiencia y eficacia en su manejo.
Ello, agrega, a través de un enfoque de resultados, la implementación de mecanismos que transparenten su ejercicio y una mejora en la rendición de cuentas.
Pone en evidencia el escaso margen de maniobra que tienen los estados al presentar datos crecientes del gasto corriente, lo que limita su capacidad de respuesta.
Señala que existe toma de decisiones respecto a los incrementos salariales entre la Federación y el sindicato, sin intervención de las autoridades estatales, que tienen repercusiones directas en las finanzas estatales por las homologaciones que de dichos acuerdos deriva para el personal a cargo de los gobiernos locales.
En lo que se refiere a salud, "la Federación no transfiere íntegramente los recursos establecidos en el artículo 29 y 30 de la Ley de Coordinación Fiscal".
Agrega que se desconocen las bases de datos que utiliza la Secretaría de Salud federal para la realización de cálculos de distribución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Al tocar el tema educativo, la comisión técnica concluye que el sistema de distribución de los recursos destinados a educación representa un problema de iniquidad entre las entidades federativas, ya que el gobierno federal otorga menos recursos proporcionalmente a los estados que ya tenían un sistema educativo estatal.
Enfatiza que es necesario delimitar las competencias de los ámbitos federal y municipal.