La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó al Reclusorio Norte a siete vándalos que presuntamente participaron en los disturbios de la marcha del 2 de octubre, acusados de daño en propiedad ajena doloso, y a cuatro más, los remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. Por su parte, la Secretaría de Gobernación levantó una denuncia ante la PGR, por los destrozos causados en su edificio de Bucareli.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación Daniel Cabeza de Vaca acudió ante el Ministerio Público (MP), a quien entregó evidencias fotográficas y de video de los daños originados por los vándalos.
En conferencia de prensa, Renato Sales Heredia, subprocurador de Averiguaciones Centrales informó que en 11 casos más, el MP determinó la libertad con las reservas de ley, pero recalcó que la averiguación previa continúa abierta y que por tal, se investigan a diversos grupos que participaron en la manifestación en contra de la matanza de estudiantes en la Plaza de la Tres Culturas, entre los cuales se encuentran el Frente Popular Francisco Villa, Confederación de Trabajadores de México y CGH, entre otros.
No obstante, expuso que esto no significa que se señale a nadie en particular como responsable de los actos vandálicos, aunque refirió que también indagarán sobre la probable participación de extranjeros en los disturbios.
Así, de las 75 personas detenidas durante la marcha, 16 fueron remitidas al juzgado cívico por diversas faltas administrativas, los cuales quedaron libres tras pagar una multa de 530 pesos, 31 fueron presentados al comisionado de menores, cuatro a la PGR, siete liberados y sólo siete fueron enviados al reclusorio.
Las autoridades determinaron los daños ocasionados en negocios, inmuebles de medios de comunicación, oficinas del Senado y la Secretaría de Gobernación, en aproximadamente 10 millones de pesos.
La situación legal de los menores de edad se definirá a la medianoche de hoy y podrían alcanzar una pena máxima de cinco años en reclusión, en tanto que los adultos serían acreedores a permanecer de dos a 10 años en prisión, dependiendo del valor al que asciendan los destrozos ocasionados.