Lo inédito y complejo del caso ha generado un amplio debate entre los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Corte.

En especial porque de atraer el caso en el que un juez se negó a girar órdenes de aprehensión contra los ex directores de la DFS, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, a quienes se responsabiliza de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, la Primera Sala se convertiría en un tribunal penal de apelación, una figura constitucional que hasta el momento no ha sido empleada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo novedoso del caso es que usualmente el máximo tribunal del país sólo ha empleado su facultad de atracción para resolver básicamente juicios de amparo en los que se requiere interpretar directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En estos casos lo único que ha hecho la Corte al atraerlos, cuando se encuentran en tribunales inferiores, es acortar el tiempo del juicio, porque tarde o temprano los amparos de este tipo terminan llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelvan en definitiva.

Por tal motivo, hasta el momento no ha sido necesario que la Suprema Corte funcione como tribunal de apelación.

Pero el caso de la "guerra sucia" es muy distinto, debido a que se trata de decidir de manera definitiva acerca de la prescripción de un delito y sus respectivas órdenes de aprehensión.

Normalmente un caso de este tipo le toca resolverlo en definitiva a un Tribunal Unitario. Pero como el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo atrajera, de hacerlo la Corte se convertiría en un tribunal de apelación, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.

De ahí que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ministros de la Suprema Corte es definir primero cuáles son los alcances de la facultad constitucional que les permite erigirse como tribunal de apelación.

Y posteriormente, ya analizados los alcances, decidir si el caso en el que se les pide su intervención reúne todos los requisitos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atienda.

Es por ello que en este caso ni siquiera han llegado al estudio de fondo del mismo.

Los ministros de la Suprema Corte no pueden estudiar si los delitos que se les imputan a los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad ya prescribieron o no, si antes no atraen el caso.

Pero de antemano ya visualizan otros temas que harán difícil la resolución de este caso. Porque si deciden atraer el caso también tendrán que analizar si no violan las garantías individuales de los acusados al funcionar como tribunal de apelación, porque si la sentencia es en su contra ya no tendrán derecho al juicio de amparo, debido a que las resoluciones de la Suprema Corte son definitivas e inatacables. Y si el asunto lo resolviera un Tribunal Unitario, todavía tendrían la opción de tramitar un amparo ante un Tribunal Colegiado.

Para resolver todos estos dilemas jurídicos los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se fijaron como plazo las primeras semanas de noviembre próximo.

La intención es que el caso se resuelva en esas fechas debido a que el ministro encargado de la ponencia es Juventino Castro y Castro, quien culmina su periodo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de noviembre próximo.