nubesBuscan abolir la pena de muerte en la Constitución
La propuesta será presentada ante el Congreso de la Unión, señala GobernaciónLa abolición de la pena de muerte en la Constitución, es parte de las propuestas de reforma en materia penal, que adoptó ayer el gobierno de la República y que impulsará en el Congreso, informó la SecretarÃa de Gobernación.
Esta decisión fue señalada en una reunión encabezada por el presidente Vicente Fox, a la que concurrieron organizaciones civiles involucradas en el seguimiento de las investigaciones por la muerte de mujeres en Ciudad Juárez.
En este marco se desechó la pena de muerte como solución a problemas graves de seguridad. El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, remarcó el compromiso federal de ir a fondo contra la impunidad.
El titular de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, sostuvo que para acabar con el fenómeno delictivo la alternativa es atacar la violencia generalizada, y que ha sido letal contra las mujeres.
En el ámbito legislativo, también se impulsará la ratificación en el Senado del Protocolo de Estambul en materia de derechos humanos.
Sepúlveda comentó que en un balance de las tareas realizadas en el renglón de los derechos humanos, Fox resolvió impulsar las iniciativas que apuntan a la abolición de la pena capital en México.
La Constitución mexicana establece que se puede aplicar la pena de muerte para una serie limitada de delitos, según el especialista en el tema, Santiago Corcuera Cabezut, pero nadie ha recibido ese castigo desde 1962.
Por otra parte, las disposiciones que contemplan la pena capital en los artÃculos 14 y 22 de la Constitución quedan anuladas por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que suscribió México en 1981, lo que obliga a México a derogar disposiciones que la permitan y a no reinstaurarla.
En México, de acuerdo con la Constitución, sólo puede imponerse la pena de muerte "al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosÃa, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".
Ninguna ley civil establece los procedimientos para una sentencia terminal, por lo que no es posible aplicar el precepto constitucional, el cual fija además el requisito de que todo reo debe ser sometido por una legislación previa, indica el jurista Corcuera Cabezut.
El Código de Justicia Militar prevé la pena de muerte para delitos graves, y éste se aplicó en 1962 a un militar que fue ejecutado en Saltillo, Coahuila, toda vez que el presidente Adolfo López Mateos negó el indulto, refiere el experto, en un análisis en el que resalta el poder de una convención internacional a la que se haya suscrito México.