Entendida como “el control total de la sociedad por los partidos”, la “partidocracia” parece no ver que en muchas regiones del país ya es rehén y víctima del narcotráfico.

Y frente a esa tragedia —que ataca a todos, pero en especial a los tres grandes partidos—, al arranque del proceso electoral de 2009 vemos lo mismo el desinterés —PRI, PRD, PVEM, Panal, PT y Convergencia— y las tibias reacciones —del PAN y Alternativa— que más bien parecen respuestas de coyuntura.

¿Alguien sabe el tamaño de la penetración del narco en los partidos? A reserva de que la inteligencia del Estado cuente con esa información —lo que parece imposible—, lo cierto es que ninguna dirigencia nacional sabe con precisión dónde y quiénes de sus políticos, militantes, gobernantes mantienen relación con el narcotráfico.

Pero una cosa es “no conocer con precisión” a quienes han sido presa de la llamada narcopolítica, y otra muy distinta es la presunción a partir de evidencias de que en las regiones de fuerte influencia criminal la política partidista se ha “desdoblado” hasta convertirse en narcopolítica. ¿Dónde tiene mayor influencia el narco? ¿En qué regiones se asientan los jefes de las bandas? ¿Qué territorios son parte de las rutas? ¿En qué municipios un precandidato a regidor, alcalde, diputado, senador o gobernador de pronto realiza una campaña multimillonaria que lo lleva a ganar la candidatura y luego el puesto de elección popular?

La respuesta a esas interrogantes —y a muchas otras sobre el control territorial de las bandas— supone que cada partido, los órganos de seguridad del Estado como el Cisen, y el propio IFE, debían contar con un atlas de los municipios donde se cultivan y procesan las drogas, donde llegan al país, por donde circulan y cruzan a EU… En todas esas regidurías, municipios, diputaciones locales, federales e incluso gobiernos estatales, los partidos están obligados a extremar la vigilancia sobre sus candidatos, gobiernos y legisladores, a no someter a elección interna las candidaturas, y a vigilar la evolución patrimonial de los candidatos y luego gobernantes.

Además, una herramienta fundamental contra la narcopolítica es que las candidaturas a puestos de elección popular dejen de ser propiedad de partidos y grupos de poder y pasen a manos de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que es urgente legislar la reelección de alcaldes, diputados locales y federales, senadores… Los narcos podrán comprar o imponer a un candidato, pero no a todos los votantes, que ante la posibilidad de la reelección, tendrían en su poder el premio y/o el castigo para los buenos o malos políticos y gobernantes.

Ante el avance de la narcopolítica, la arrogante partidocracia parece omisa, complaciente la mayoría de las veces y de tanto en tanto muestra pinceladas de reacción que más bien parecen reflejo mediático. Acaso por eso, el PRD en su más reciente congreso aprobó una reforma estatutaria que faculta al CEN del partido para imponer desde el centro candidatos a puestos de elección popular en regiones conflictivas por el narcotráfico. Pero más pareció una llamada a misa, porque es un enunciado aislado, sin reglamentación, que sólo opera en el PRD pero no en sus aliados del FAP, y que a nadie parece importarle en estados como Michoacán y Guerrero, bastiones amarillos en donde es sabido por todos que las bandas criminales compran alcaldías y diputaciones locales, entre otras posiciones.

Acaso por eso, en otro chispazo mediático, partidos “elevador” como Alternativa —les llaman “elevador” porque militancia y dirigencia caben en un elevador—, le piden al IFE que “haga el favor” de blindar a sus candidatos para el proceso 2009, en tanto que en una aberración política y conceptual, casi todos estuvieron de acuerdo en pedir al Cisen que “haga el favor” de blindar a candidatos a puestos de elección ese año.

Con un poco más de idea, mediante un decálogo que suponemos será la base de algo más serio y formal, el PAN de Germán Martínez le envió al IFE una propuesta para blindar del narco la elección de 2009. Propone el líder azul un mapa de riesgos del narco en todo el país, declaración patrimonial de precandidatos y candidatos, acceso a cuentas bancarias, y que se obliguen a declarar conflictos de interés. Otra vez parece una llamada a misa. ¿Qué tiene que pasar para que reaccione la partidocracia?

EN EL CAMINO

Dicen los que saben que un sismo de alta intensidad afecta a la Secretaría de Seguridad Pública federal. Que se tambalea una cabeza: la de Genaro García Luna. ¿Será?