Entre las propuestas autoritarias, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad

Con una probabilidad de éxito de 98.7% es difícil que los criminales dejen de cometer delitos por la simple amenaza de que pasarán más tiempo en la cárcel, en el improbable caso de que caigan en ese 1.3% que recibe una condena.

Y es que en México se reporta sólo uno de cada ocho delitos (13%), y de los reportados sólo 10% culmina en sentencia. La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. No sirve, pero se oye bien.

Hace días circula un e-mail que en nombre de “Fernando Martí”, el joven asesinado, convoca a una marcha para el 6 de septiembre. Pero también para exigir “medidas extremas como ubicar al Ejército en las calles de las ciudades más importantes, penas inmensamente más severas a las actuales, enajenación de bienes materiales a todas las personas, amigos y familiares de quienes estén ligados al crimen…”, cadena perpetua a cualquier funcionario implicado.

Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad.

Dar más poder a los cuerpos policiacos sobre la sociedad es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes.

Ernesto López Portillo, director del Insyde, señala que entre los especialistas se denomina “muro azul” (blue wall) la tendencia que instala a las policías en el centro del sistema de justicia. Los cuerpos policiacos suelen convertirse en un muro, un cerco impenetrable que garantiza un mundo de reglas propias. En las democracias el sistema de justicia lo conforman jueces, tribunales, fiscales, ministerios públicos, abogados, además de los policías. En las sociedades autoritarias, en cambio, los miembros de los cuerpos de seguridad se convierten en la ley. Juzgue usted en cuál nos encontramos.

Como a cualquier otro ciudadano, me indigna que los pocos delincuentes aprehendidos usen la cárcel como puerta giratoria. Pero también existe la perniciosa costumbre de fabricar chivos expiatorios usualmente entre los más débiles y sin posibilidad de defenderse. La autoridad suele aplicar “todo el peso de la ley” a las personas que les resultan incómodas. Los líderes de los “macheteros de Atenco”, que retuvieron a un funcionario durante horas (desde luego, un delito), fueron sentenciados a 67 años por “secuestro equiparable”, como si se tratase del Mochaorejas.

La verdadera justicia entraña ausencia de impunidad y aplicación de la ley que sea justa para todos. La tragedia por la que pasa la familia Martí merece solidaridad y comprensión. Pero no deja de ser inquietante que el jefe del Estado haga una comparecencia ante la nación el jueves pasado y anuncie la modificación de las leyes con motivo de este crimen. El mismo mandatario que anunció que la anciana indígena de Zongolica había muerto de gastritis, no obstante que aún estaba en marcha la investigación.

En medio del horror e indignación que inspira la muerte del joven Martí, no puedo dejar de pensar que el acto de gobierno que presenciamos el jueves tiene algo de país bananero. Aunque México se desangra por la inseguridad, día a día y desde hace años, el Presidente quiso informarle al mundo que con esas familias nadie debe meterse. Comenzamos a entender por qué hemos llegado hasta aquí.