Reacomodos en los poderes —constitucionales y fácticos— tapan los riesgos reales del año

Los medios retoman el control cedido a conductores, y los políticos, el de los medios

Los cambios en el gabinete de la Presidencia de la República —uno de los poderes constitucionalmente establecidos— marcaron la agenda del debate público de la primera quincena del año, junto con una serie de cambios en los medios de comunicación —uno de los poderes fácticos— entre los que destaca, por la estridencia y las confusiones discursivas de su discusión, la salida de Carmen Aristegui de W Radio.

Un primer problema radica en los términos y el sobredimensionamiento abrumador de estos debates, que han desplazado de la agenda pública los temas relacionados con los riesgos reales que enfrentaremos los mexicanos a lo largo de 2008. Sólo dos ejemplos: los signos cada vez más inequívocos de la entrada en recesión de la economía estadounidense, con sus efectos en México, y la brutalidad con que el crimen organizado anunció desde el arranque del año que no cederá las plazas que controla sin dejar una dolorosa huella de sangre.

Pero hay un problema adicional, incluso en el tratamiento mismo de los cambios en el gabinete y los medios: su reducción a las rutinas y a los estereotipos más previsibles y, por tanto, menos esclarecedores del sentido de esos cambios y de lo que con ellos se juega.

Así, todavía ha habido en estos días quienes han mostrado asombro —e incluso han expresado reproches— ante el hecho de que, en la primera parte del ciclo del ejercicio del poder, un grupo gobernante —como el que se esfuerza en integrar el presidente Calderón— se haya propuesto precisamente concentrar los resortes del poder que quedaban fuera de su control, como su partido de pertenencia, a fin de constituirlo en la realidad en un partido gobernante. Y no hay que quebrarse la cabeza para concluir que a eso fue Germán Martínez desde diciembre al PAN.

También ha habido muestras de asombro ante el hecho de que, con el mismo sentido concentrador del poder, el Presidente haya colocado a una persona de su confianza plena en la dependencia encargada de garantizar la gobernabilidad y de conducir las relaciones con los demás poderes, los constitucionales y los fácticos. Y tampoco hay que darle vueltas: a eso fue a Gobernación Juan Camilo Mouriño a partir del martes.

Finalmente, se ha cuestionado la decisión de colocar en el área de desarrollo social a alguien que, en los cálculos presidenciales, tendría la capacidad técnica y de liderazgo lo mismo para encabezar una política pública urgida de visibilidad en este gobierno, que para prever una serie de acciones a favor de los grupos más damnificados de los estragos que habrá que esperar tanto de los rezagos nacionales como de la recesión de la economía internacional. Y a eso probablemente fue Ernesto Cordero a Sedesol a partir del lunes pasado.

¿“Extraña” intención sucesoria?

No han faltado en estos estereotipos y estas rutinas del debate las “advertencias” e incluso las “denuncias” sobre las probables intenciones sucesorias que se agregan a los discutidos propósitos de los cambios en el gabinete. Como si la consolidación del poder, el cumplimiento del programa de gobierno y la prolongación en el tiempo en las siguientes elecciones no fueran los objetivos de todo grupo gobernante. Como si esa no fuera la base de la estrategia del PRD en el Gobierno del DF y otras entidades bajo su control continuado. Como si no hubiera sido ese el trazo histórico de los gobiernos posrevolucionarios —imprecisamente englobados en la “época priísta”— aun sin elecciones competitivas. Y como si no estuvieran ya perfilados y en plena campaña los aspirantes a la sucesión presidencial de 2012 por el PRD y por el PRI.

De manera que no debería haber mayores elementos de sorpresa en un par de cambios de gabinete que parecen apuntar a la consolidación del poder a que aspira todo gobierno, al cumplimiento de los programas gubernamentales para atender las cuestiones ingentes (un nuevo énfasis en la política social y nuevos acuerdos con el Legislativo para logar las llamadas reformas estructurales), así como a la aprobación del electorado a fin de refrendar el poder del grupo o del partido en las siguientes elecciones.

En el punto de los objetivos que hizo explícitos el Presidente al anunciar los cambios llama la atención el encargo dado al nuevo secretario de Gobernación de refrendar el compromiso del gobierno con la libertad de expresión, un tema previamente colocado en la agenda del debate público a propósito de las recientes reformas electorales y de la no renovación del contrato de Carmen Aristegui con W Radio a partir del 5 de enero.

El debate de estos temas aparece otra vez polarizado esta semana ante el nuevo secretario de Gobernación.

En un frente están quienes ponen por delante las libertades y los derechos de los particulares, limitados por las recientes reformas que —en nombre de la equidad en las campañas políticas— les impiden a aquellos particulares concurrir al debate electoral en los espacios pagados de los medios.

En otro frente están los derechos de los comunicadores para disponer libremente de los espacios de los medios, de cara a los derechos de las empresas informativas para dirigir la política editorial y comercial y decidir los formatos de los medios bajo su responsabilidad.

Más del caso Aristegui

Específicamente en lo que seguramente se llamará desde ahora el caso Aristegui, nuevamente las rutinas y los estereotipos, los excesos retóricos y los desbordamientos de la comunicadora y de sus simpatizantes, particularmente del flanco partidista y activista, más la ofuscación inicial de la empresa, han desviado el debate a un nudo de confusiones nada favorables al esclarecimiento de la situación de los medios en nuestro país.

En esta confusión, nadie parece querer hacerse cargo de que hay una tendencia del poder político, en particular de los partidos dominantes en el Congreso, a retomar los controles de la comunicación pública y de los medios —por lo pronto en los periodos electorales— y a limitar los derechos de los particulares a la expresión y a la participación política.

Tampoco parece haber claridad sobre una nueva tendencia en las empresas mediáticas a recuperar la dirección editorial que habían cedido a los conductores, abdicando, en nombre del negocio, de las responsabilidades derivadas del título de concesión explotado por esas empresas. El caso Aristegui parece poner fin a un arreglo de negocio que dejaba el control editorial, de la información y de la opinión en la conductora, desplazando la participación y la responsabilidad de la empresa en los formatos y en los contenidos (editoriales y comerciales) de la emisora.

La conductora no ha acreditado censura a sus expresiones, informaciones y opiniones, sino una determinación empresarial —no aceptada por la conductora— de retomar la dirección editorial con sus propias reglas para la toma de decisiones editoriales, como suele ocurrir en los medios informativos de todo el mundo democrático.

jose.carreno@uia.mx